La junta general de accionistas es sin duda el 贸rgano supervisor y de toma de decisiones m谩s importante para proteger los intereses de las empresas y sus accionistas. Sin embargo, pese a los m谩s de diez a帽os de reformas para fortalecer su papel, los reguladores, sobre todo en Espa帽a y en general en toda Europa, han optado por otros actores para mejorar las pr谩cticas de gobierno corporativo.
En un texto que forma parte del libro "Board Members and Management Consultants: Redefining the Boundaries of Consulting and Corporate Governance", Jos茅 Luis 脕lvarez y el profesor del 天美传媒 Joan E. Ricart exponen las carencias de esas reformas y lanzan una serie de recomendaciones para revitalizar la junta general de accionistas como cuerpo de gobierno.
Los autores arrancan su cap铆tulo, "", pasando revista a las 煤ltimas reformas. Propuestas como el Informe Aldama y la Ley de acciones y mercados de valores (Securities and Stock Exchange Act) de EE UU intentaron allanar el camino para la protecci贸n de los derechos de los accionistas. Aunque algunas de estas recomendaciones eran buenas "como que las web corporativas informaran e interactuaran mejor con los accionistas", los autores creen que muchas de las reformas se quedaron cortas y apenas tuvieron repercusi贸n.
Las grandes firmas de abogados aprovecharon este fracaso legal y la creciente exigencia de transparencia sobre todo en los mercados de valores para a帽adir m谩s complejidades. Hay quien asegura que estas firmas actuaron movidas m谩s por sus intereses que por los de los accionistas minoritarios.
Como consecuencia, los reguladores apostaron por otros actores sociales para mejorar las pr谩cticas de gobierno corporativo en lo que respecta a los accionistas minoritarios. Y aqu铆, seg煤n los autores, entran en escena los inversores institucionales.
Un activismo complejo pero fundamental
Tradicionalmente, y debido a sus participaciones, estos inversores apenas han mostrado inter茅s en hacer valer su influencia. Pero su voluntad de insuflar nuevos aires a la junta general de accionistas est谩 cambiando esta situaci贸n.
La mayor implicaci贸n plantea algunas cuestiones complejas, como las votaciones transfronterizas y el absentismo, pero lo cierto es que los inversores institucionales empiezan a mostrar se帽ales de activismo. Los autores citan el caso de un grupo de inversores institucionales que, insatisfechos con el rumbo tomado, exigieron la dimisi贸n del consejo de administraci贸n de una empresa espa帽ola. Seg煤n los autores, podr铆amos ver m谩s pulsos de poder parecidos en un futuro no muy lejano.
En su opini贸n, aqu铆 no s贸lo pueden actuar los especialistas en conocimiento o las firmas de servicios profesionales, como los asesores. Los medios de comunicaci贸n, los expertos en relaciones p煤blicas y los abogados corporativos tambi茅n pueden hacer m谩s por dar voz al accionista minoritario, convertido en un nuevo tipo de cliente cada vez m谩s en alza.
Estos agentes "pueden desempe帽ar un papel importante en la organizaci贸n de acciones colectivas, posicion谩ndose como los actores clave de esa transformaci贸n del gobierno corporativo que tiene por fin aumentar la influencia de los accionistas en la junta general y, por tanto, en la gesti贸n de la empresa", aseguran los autores.
脕lvarez y Ricart proponen varias sugerencias para que la junta general de accionistas deje de ser una mera m谩quina de aprobar actas. "La tecnolog铆a desempe帽a un papel importante en este aspecto, ya que facilita enormemente la transparencia de la informaci贸n. Las nuevas tecnolog铆as podr铆an revolucionar el sistema existente con la introducci贸n de la votaci贸n electr贸nica". Otro paso podr铆a ser la creaci贸n de una comisi贸n dentro del consejo de administraci贸n encargada de dialogar con los accionistas minoritarios.
Cualquiera que sea la v铆a elegida, en el complejo mundo en que vivimos, no nos cabe ninguna duda de que las grandes empresas podr铆an aprender much铆simo de estas interacciones. Y en cualquier caso, al menos los accionistas estar铆an mejor informados.
De todas formas, los autores advierten del riesgo de que las reformas basadas en un control y una regulaci贸n de los procedimientos del gobierno m谩s estrictos acaben haciendo m谩s r铆gido el proceso de toma de decisiones. "脡se es el gran problema de la democracia directa o participativa. Si se impone, se desvirt煤a su propia esencia. La no participaci贸n es un derecho democr谩tico, lo cual es m谩s cierto si cabe en el gobierno de las empresas".
Aun as铆, 脕lvarez y Ricart se muestran optimistas y creen que las firmas de servicios profesionales pueden ser el catalizador fundamental para alcanzar una democracia real en el gobierno corporativo.